Una coalición de estados de EE. UU., encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda para bloquear la última ronda de aranceles de la administración Trump. El recurso legal alega que la administración está haciendo un uso indebido de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para eludir un fallo previo de la Corte Suprema relativo a los poderes de la IEEPA. Según la demanda, los nuevos aranceles violan principios constitucionales y normas estatutarias que exigen una aplicación coherente de los derechos comerciales. Esta medida se produce tras una decisión de la Corte Suprema que anuló acciones comerciales ejecutivas previas, lo que llevó a la administración a cambiar su estrategia legal. Los analistas de mercado sugieren que estos obstáculos legales introducen una incertidumbre política significativa, afectando a los activos sensibles al comercio y a las corporaciones multinacionales. Si bien los aranceles se consideran generalmente como un viento en contra, un bloqueo legal exitoso podría brindar alivio a los importadores y reducir los costos operativos generales.
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